Este 31 de mayo de 2019 mediante una rueda de prensa , las autoridades del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Cámara de Minería del Ecuador (CME) y Cámara de Industrias y Producción (CIP), solicitaron a la Corte Constitucional un pronunciamiento respecto a los pedidos de consulta popular que pretenden limitar el desarrollo de sectores de interés nacional.

Lo hicieron luego de que el presidente Lenin Moreno emitiera un claro mensaje en el Informe a la Nación del 24 de mayo donde manifestó el respaldo a una actividad minera que respete la naturaleza y fuentes de agua, enfatizando la necesidad de proteger los recursos que ingresan al país gracias a la minería responsable.

“La inversión extranjera es necesaria para que el país se reactive económicamente y las garantías jurídicas resultan indispensables si se desea atraer nuevos capitales”, aseguró Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Agregó que  en este periodo donde el empleo se ha vuelto precario, sectores como el minero pretenden aportar significativamente al país.

Por su parte, Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, destacó las cifras y ventajas que proyecta la gran minería hasta 2021. “Aproximadamente USD 3.800 millones en inversión, USD 3,200 millones   en exportaciones, USD 1.300 millones en impuestos y la generación de más de 32.000 puestos de empleo directos y 90.000 empleos indirecto”, recalcó.

En  Imbabura y Carchi, donde se ha planteado recientemente una solicitud de consulta popular las empresas: SolGold, Newcrest, INV Minerals, Cornestone, CODELCO, BHP Billinton realizan actividades de exploración. Todas estas empresas tienen capitales internacionales y trabajan bajo los más altos estándares de minería de clase mundial, acorde con las mejores prácticas ambientales y sociales.

En el caso del proyecto Cascabel de SolGold, es considerado como el depósito más grande de cobre y oro en Ecuador. La compañía trabaja desde el 2012 en el desarrollo de este yacimiento, y, durante este tiempo, ha invertido USD  150 millones  en proyectos de exploración minera en Ecuador. Su operación se caracteriza por ser responsable y sustentable, alineada al cumplimiento de la normativa vigente.

Como presidente de la Federación de las Cámaras de Industrias del país y de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano, hizo un llamado para precautelar la seguridad jurídica de los sectores productivos que son los que generan empleo formal, pagan impuestos y cumplen a cabalidad la legislación ecuatoriana. “Dar paso a consultas populares con base en intereses particulares atenta contra los derechos de todos los ecuatorianos, en este contexto los jueces constitucionales deben pronunciarse acatando su razón de ser como procuradores de la Constitución de la República del Ecuador”.