Antimineros piden a Concejo Cantonal enmendar resolución

 

16-may-2017

Tras las declaraciones del alcalde Rodrigo Quezada, del cantón Santa Isabel, quien informó sobre la decisión adoptada el miércoles pasado por el Concejo Cantonal, de declarar a Santa Isabel, libre de minería en fuentes hídricas; y, gestionar ante el Ministerio de Minas y el Gobierno nacional, considerando que este nuevo gobierno extendió las manos y nos va a escuchar, “que no exista un punto más de minería en el cantón Santa Isabel”, han reaccionado organizaciones sociales y el GAD Parroquial de Cañaribamba.


En estas declaraciones, Quezada manifestó que lo que está concesionado legalmente en base a la ley, ya no se puede hacer nada, ya que el Concejo Cantonal no tiene competencia sino el Gobierno nacional, pero que se pedirá que no se otorgue nuevas concesiones.


Quieren hacer aparecer esto como un tema político pero esto no es así, criticamos la posición del alcalde Rodrigo Quezada, que no sé en base a qué, ha cambiado su posición; en el 2007 y en años posteriores aseguró que está con el pueblo y que no permitirá la minería metálica en el cantón, incluso se resolvieron declaratorias en este sentido, más sin embargo ahora cambia de discurso y aprueba una declaratoria que no abarca a todo el territorio cantonal, supuestamente respetando lo que ya ha sido legalizado; antes jamás se habló ni de minería legalizada ni ilegal, sino de la defensa de los recursos naturales, y eso debe mantenerse, dijo Abel Arpi, presidente de la Asamblea de los Pueblos del Sur.


Los dirigentes critican una supuesta aceptación de la concesión del proyecto minero Shyri, que incluso una parte del área concesionada estaría en el bosque protector Geco y que estaría poniendo en riesgo de contaminación a las fuentes hídricas que sirven a amplios sectores de los cantones Santa Isabel, San Fernando y Girón, a través de varios ríos como el San Francisco, Naranjos y otros.


José Guayllazaca, presidente del GAD Parroquial de Cañaribamba, manifestó que es una lucha de varios años y que últimamente toma mayor impacto porque el proyecto ha empezado a equiparse con campamentos, ha cogido a unos 20 habitantes de la zona para que trabajen, para luego recién intentar hacer la socialización que exige la ley, provocando un enfrentamiento del pueblo contra el pueblo. (AZD)-(I)

 

Ver noticia completa
El Mercurio