La Cámara de Minería del Ecuador organizó el conversatorio “Consultas populares como mecanismo jurídico para impedir la minería – Experiencia colombiana” , evento de gran importancia dada la coyuntura
que atraviesa el sector.

El panel estuvo conformado por profesionales que tienen relevante trayectoria en el tema, contextualizando la situación de Ecuador, expusieron Álvaro Ordoñez abogado del estudio jurídico Ferrere, especialista en temas energéticos y mineros y Juan Francisco Guerrero abogado en libre ejercicio, socio de la firma Durini & Guerrero Abogados y profesor de Derecho Constitucional en diferentes
universidades.

Los dos profesionales coincidieron en que la Corte Constitucional es la institución donde debe realizarse el control de los proyectos de consulta popular, para que estos no vulneren los derechos constitucionales y estén acorde a la legislación que rige en Ecuador.

Mostrando el caso de Colombia, país vecino donde la justicia determinó que las consultas populares no son el mecanismo idóneo para decidir sobre asuntos relacionados con el subsuelo y los recursos naturales, se destacaron las presentaciones de: Hernán Rodríguez miembro del Consejo Directivo y del Comité fundador de la Asociación Colombiana de Minería, abogado de la firma Detons
Cárdenas & Cárdenas, experto en temas de hidrocarburos, energía e infraestructura y también Rafael Matheus, fundador de la empresa Portex especialista en reputación corporativa, sostenibilidad y relaciones comunitarias.

Hernán Rodriguez manifestó que “Las consultas populares no son el mecanismo idóneo para dar aplicación a los principios de coordinación y concurrencia, ya que la competencia no radica en forma absoluta en los municipios, hacerlo excede sus competencias y desconoce postulados constitucionales y jurisprudenciales, afectando la sostenibilidad y estabilidad de las finanzas públicas nacionales y territoriales”.

Por otra parte Rafael Matheus que ha manejado la parte social de los proceso de consultas populares y consultas previas, exhortó al sector minero a enfocarse en las necesidades sociales de las comunidades que son: servicios públicos, vías, educación, salud, amoblamiento urbano, infraestructura agrícola y ganadera, hotelería y recreación; más que mostrar cifras de pagos de impuestos y regalías.

El conversatorio contó con 100 asistentes entre autoridades gubernamentales, cuerpo diplomático, empresarios mineros, profesionales del sector, académicos, dirigentes gremiales, entre otros.

Todos lo expertos coincidieron en la importancia de que los sectores de hidrocarburos, minería e infraestructura, entre otros, unan sus esfuerzos para impedir que intereses particulares o de minorías primen sobre los derechos de todos los ciudadanos.

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